sábado, 24 de noviembre de 2012
Crece autocensura en estados reconoce fotoperiodista
Plumas libres
23 de noviembre de 2012
"El foto periodistas y fundador de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra, reconoció que en los estados del país está creciendo el fenómeno de la autocensura en la cobertura del tema de la violencia..."
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http://plumaslibres.com.mx/2012/11/23/crece-autocensura-en-estados-reconoce-fotoperiodista/
Periodistas en jaula de oro
Zona Franca.
por Roberto Morales.
Plumas libres. 23 de noviembre de 2012
"A la crítica periodística el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha respondido con infamias, intenciones perversas y represión..."
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http://plumaslibres.com.mx/articulo/periodistas-en-jaula-de-oro-zona-franca/
por Roberto Morales.
Plumas libres. 23 de noviembre de 2012
"A la crítica periodística el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha respondido con infamias, intenciones perversas y represión..."
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http://plumaslibres.com.mx/articulo/periodistas-en-jaula-de-oro-zona-franca/
jueves, 8 de noviembre de 2012
Identifica José Abella de El Buen Tono al supuesto autor del atentado
Señala como autor intelectual a Reynaldo Bernardi con quien mantiene conflicto legal
- Trabajadores se manifestaron frente a la Subprocuraduría de Justicia de la zona Córdoba-Orizaba para exigir justicia
De la Redacción Córdoba, Ver. 08/11/2012
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http://www.alcalorpolitico.com/informacion/identifica-jose-abella-del-periodico-el-buen-tono-al-presunto-autor-del-atentado-103701.html
En Veracruz se ha perdido el propósito del periodismo
Karina de la Paz Reyes.
http://www.uv.mx/noticias/noviembre12/071112-fotoperiodismo.html
Opinó Félix Guillermo Márquez Sánchez
Karina de la Paz Reyes
Aunque la lucha del gremio periodístico está detrás de cámaras y grabadoras, difundiendo con objetividad la realidad de una sociedad, en Veracruz este propósito está marginado y las primeras planas de los diarios y los programas de radio y televisión se dedican a los políticos y el gobierno, lamentó el fotoperiodista y corresponsal de Veracruz para la Agencia de Fotografía Cuarto Oscuro y la Associated Press (AP), Félix Guillermo Márquez Sánchez.
Lo anterior fue parte de la charla “Fotoperiodismo, violencia y movimientos sociales en Veracruz” que dictó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, en el marco de la 5ta.Semana de la Sociología, organizada por la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.
El fotoperiodista, con apenas 24 años de edad, subrayó: “Los medios de comunicación atraviesan una etapa increíble y de lo más vulgar al dejar olvidada a la sociedad y sólo acordarse de ella cuando bloquean una avenida o hacen un plantón frente al palacio municipal y siempre las primeras planas son para el gobierno y los políticos. Creo que el periodismo que se hace en Veracruz no es meramente periodismo, es otra cosa”.
Márquez Sánchez mostró imágenes que ilustran la situación de violencia y de corte social que se vive o ha vivido en la entidad: tropas del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina; el regreso de los llamados “juarochos”, repatriados por la violencia de Ciudad Juárez y que llegaron a padecer el mismo mal en su entidad; feminicidios y migrantes; el movimiento #YoSoy132; armas decomisadas al crimen organizado, incluido un lanza misil soviético, entre otras.
“El periodismo es riesgoso porque la mayoría de nosotros (los periodistas) hemos tenido problemas que generalmente no sabemos de dónde vienen, si de los buenos o de los malos”, subrayó.
A manera de anécdota, expuso: “Curiosamente una semana antes de que aparecieran los 35 cuerpos en Veracruz, un grupo de periodistas había recibido amenazas de que no querían que saliera absolutamente nada. Hablaban directamente a los compañeros o a las redacciones.
”Entonces un grupo de compañeros que estamos más apegados decidimos parar un poco. Es esta autocensura que nos tiene sumidos a todos y que definitivamente es mala para una sociedad, porque si no tenemos información no vamos a saber lo que está pasando y obviamente vamos a pensar que todo está bien, como nos lo pintan.
”Sin embargo, era una situación de riesgo y no nos podíamos exponer, porque si nos hacen algo quién lo va contar, en realidad somos una minoría los periodistas que tratamos de decir la verdad, por lo menos de contarla de la forma más objetiva que podamos, la mayoría están como comúnmente se dice ‘chayoteados’. La gran mayoría de los medios, me atrevo a decir 80 por ciento, y los mismos reporteros reciben directamente ‘el sobrecito amarillo’.”
Tanto Félix como el resto de sus compañeros no acudieron a cubrir lo ocurrido en Boca del Río, cuando aparecieron 35 cuerpos en plena zona turística y a un día de que se realizara una reunión de procuradores del país.
“Nadie en Veracruz cubrió lo de los 35 cuerpos, más que Televisa –y ni siquiera se bajó de la camioneta– y un fotoperiodista de Notiver desde muy lejos. Las fotos que se ven son del blog del narco”, añadió sobre el suceso.
Durante la 5ta. Semana de la Sociología se montó una exposición fotográfica de Félix Guillermo Márquez Sánchez en el Salón Azul, referente a la violencia y movimientos sociales.
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/critica-fotoreportero-que-prensa-radio-y-television-en-veracruz-solo-sirven-al-gobierno-103689.html
- Emite la Universidad Veracruzana boletín con charla del joven que dice que mayoría de periodistas son “chayoteados”
http://www.uv.mx/noticias/noviembre12/071112-fotoperiodismo.html
Opinó Félix Guillermo Márquez Sánchez
En Veracruz se ha perdido el propósito del periodismo
- El joven fotoperiodista participó en la 5ta. Semana de la Sociología
- “La autocensura nos tiene sumidos a todos, definitivamente es mala para una sociedad”
Félix Guillermo Márquez Sánchez y la moderadora Daffne Alessandra Medina Guzmán.
Aunque la lucha del gremio periodístico está detrás de cámaras y grabadoras, difundiendo con objetividad la realidad de una sociedad, en Veracruz este propósito está marginado y las primeras planas de los diarios y los programas de radio y televisión se dedican a los políticos y el gobierno, lamentó el fotoperiodista y corresponsal de Veracruz para la Agencia de Fotografía Cuarto Oscuro y la Associated Press (AP), Félix Guillermo Márquez Sánchez.
Lo anterior fue parte de la charla “Fotoperiodismo, violencia y movimientos sociales en Veracruz” que dictó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, en el marco de la 5ta.Semana de la Sociología, organizada por la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.
El fotoperiodista, con apenas 24 años de edad, subrayó: “Los medios de comunicación atraviesan una etapa increíble y de lo más vulgar al dejar olvidada a la sociedad y sólo acordarse de ella cuando bloquean una avenida o hacen un plantón frente al palacio municipal y siempre las primeras planas son para el gobierno y los políticos. Creo que el periodismo que se hace en Veracruz no es meramente periodismo, es otra cosa”.
Márquez Sánchez mostró imágenes que ilustran la situación de violencia y de corte social que se vive o ha vivido en la entidad: tropas del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina; el regreso de los llamados “juarochos”, repatriados por la violencia de Ciudad Juárez y que llegaron a padecer el mismo mal en su entidad; feminicidios y migrantes; el movimiento #YoSoy132; armas decomisadas al crimen organizado, incluido un lanza misil soviético, entre otras.
“El periodismo es riesgoso porque la mayoría de nosotros (los periodistas) hemos tenido problemas que generalmente no sabemos de dónde vienen, si de los buenos o de los malos”, subrayó.
A manera de anécdota, expuso: “Curiosamente una semana antes de que aparecieran los 35 cuerpos en Veracruz, un grupo de periodistas había recibido amenazas de que no querían que saliera absolutamente nada. Hablaban directamente a los compañeros o a las redacciones.
”Entonces un grupo de compañeros que estamos más apegados decidimos parar un poco. Es esta autocensura que nos tiene sumidos a todos y que definitivamente es mala para una sociedad, porque si no tenemos información no vamos a saber lo que está pasando y obviamente vamos a pensar que todo está bien, como nos lo pintan.
”Sin embargo, era una situación de riesgo y no nos podíamos exponer, porque si nos hacen algo quién lo va contar, en realidad somos una minoría los periodistas que tratamos de decir la verdad, por lo menos de contarla de la forma más objetiva que podamos, la mayoría están como comúnmente se dice ‘chayoteados’. La gran mayoría de los medios, me atrevo a decir 80 por ciento, y los mismos reporteros reciben directamente ‘el sobrecito amarillo’.”
Tanto Félix como el resto de sus compañeros no acudieron a cubrir lo ocurrido en Boca del Río, cuando aparecieron 35 cuerpos en plena zona turística y a un día de que se realizara una reunión de procuradores del país.
“Nadie en Veracruz cubrió lo de los 35 cuerpos, más que Televisa –y ni siquiera se bajó de la camioneta– y un fotoperiodista de Notiver desde muy lejos. Las fotos que se ven son del blog del narco”, añadió sobre el suceso.
Durante la 5ta. Semana de la Sociología se montó una exposición fotográfica de Félix Guillermo Márquez Sánchez en el Salón Azul, referente a la violencia y movimientos sociales.
Esta misma nota, apareció con diferente título y los siguientes comentarios en alcalorpolitico.com
7 de noviembre de 2012http://www.alcalorpolitico.com/informacion/critica-fotoreportero-que-prensa-radio-y-television-en-veracruz-solo-sirven-al-gobierno-103689.html
Critica fotorreportero que prensa, radio y televisión en Veracruz, sólo sirven al Gobierno
- Emite la Universidad Veracruzana boletín con charla del joven que dice que mayoría de periodistas son “chayoteados”
- El periodismo es riesgoso; dice haber tenido problemas que no sabe de dónde vienen, si de los buenos o de los malos
domingo, 4 de noviembre de 2012
Las Razones de la desconfianza. Sobre el caso Regina
Proceso. P.30-31
edición impresa
ALBERTO
J. OLVERA
Revista Proceso
Revista Proceso
Edición impresa p.24-25
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) anunció el pasado
30 de octubre el esclarecimiento del asesinato, hace seis meses, de la
reconocida periodista Regina Martínez. La noticia da lugar a muchas dudas,
derivadas tanto de la fragilidad del caso presentado como de la experiencia
acumulada por la ciudadanía veracruzana en otros, cuando no se sustentó
debidamente la supuesta aclaración de los crímenes.
Recordemos
que el asesinato de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, fue por asfixia y
golpes, lo que desde el principio planteó dudas sobre las causas del homicidio.
Los primeros informes de la PGJ trataban de inducir la idea de un robo como
posible móvil, pero no se ofrecieron pruebas concluyentes ni se explicó con
claridad cuáles habían sido los objetos sustraídos. Lógicamente hubo una
actitud de reserva y descreimiento por parte de la indignada opinión pública
(jalapeña, nacional e internacional) y de la revista Proceso, para la cual
trabajaba la periodista.
Seis
meses después, la PGJ anunció la captura de uno de los asesinos de Regina, al
parecer como respuesta a la presión de la propia revista, que en su número
pasado (1878) denunció la falta de avance en las investigaciones. La acusación
oficial se funda solamente en la propia confesión del inculpado.
Si bien la PGJ ofrece
estadísticas impresionantes acerca del trabajo de investigación realizado en
este caso y ofrece pruebas circunstanciales que podrían inculpar a las personas
señaladas (otros dos testimonios de personas que vieron los objetos
supuestamente robados), hay una omisión muy grave: En ningún momento la
dependencia estatal ha dicho que las huellas digitales encontradas en la casa
de Regina corresponden con las del sujeto detenido o las del prófugo.
Las huellas dactilares de ambos deberían estar en
posesión de la procuraduría, puesto que tienen antecedentes penales. Y dado que
se trata de delincuentes callejeros, sin antecedentes de homicidio, no se puede
alegar que hayan tenido la capacidad para borrar sus huellas. Por tanto, las
autoridades deberían haber conocido la identidad de los delincuentes desde el
principio de la investigación.
Esta elemental
omisión nos muestra un patrón similar al de casos anteriores. El 15 de agosto
pasado, el procurador anunció la “resolución” de los crímenes contra cuatro
reporteros en el puerto de Veracruz, cometidos días después del asesinato de
Regina. Se culpó a supuestos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación,
atrapados unos días antes por elementos de la Marina, quienes según la PGJ
confesaron 36 crímenes, entre ellos los de estos reporteros. Se dijo que los
sicarios informaron, además, que los habían ejecutado porque ellos habían
“puesto el dedo” a otros periodistas que fueron asesinados por Los Zetas el año
anterior.
La PGJ daba por
resueltos estos asesinatos con las meras confesiones de los sicarios, sin otra
prueba adicional que la posesión de algunos objetos de una de las víctimas por
uno de los delincuentes inculpados. El Comité Internacional para la Protección
de Periodistas, Artículo 19 y diversas organizaciones civiles hicieron notar la
ausencia de pruebas contundentes en los dichos oficiales.
La
PGJ deberá convencer al pueblo de México, y especialmente al gremio
periodístico, de que la investigación está sustentada en pruebas científicas.
Es evidente que la autoinculpación de una persona no es suficiente para
considerar resuelto un crimen, pues se sabe muy bien cómo se extraen estas
“confesiones” en México.
El caso es débil, pues los inculpados son
delincuentes callejeros menores a quienes se había detenido solamente por
asalto y lesiones. Estas personas no tenían que amordazar, golpear con saña y
ahorcar a la periodista simplemente para cometer un robo, y menos aun cuando
dejaron computadoras y otros objetos de valor en la casa de la víctima.
En Veracruz no
sólo han sido asesinados nueve periodistas en los dos años pasados, sino que
más de 20 se han exiliado. Es muy urgente que estos crímenes y las amenazas
sean resueltos de una manera transparente y profesional, de frente a la
sociedad, puesto que el estado se ha convertido en el más peligroso para el
ejercicio periodístico en México.
Para salir de
esta gravísima circunstancia se requiere reconstruir una relación de confianza
entre los ciudadanos y las instituciones de justicia. El hecho de que la PGJ
haya hecho este anuncio sin previo aviso a los elementos coadyuvantes de esta
investigación –la revista Proceso y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos– no ayuda en este camino.
Falta mucho por
andar en materia de justicia en Veracruz, uno de los estados más atrasados en
la aplicación de la reforma penal y con mayores carencias en sus instituciones
de justicia. Los asesinatos de periodistas deben colocarse en el contexto de
muchos otros crímenes no resueltos, al menos 458 personas desaparecidas en la
entidad (de acuerdo con registros federales) y los secuestros de inmigrantes
centroamericanos, entre otros hechos de la coyuntura actual, que ciertamente no
es privativa de Veracruz, sino de la nación.
Urge
impulsar una reforma profunda de las instituciones de justicia de Veracruz, de
cara a la sociedad y junto con ella.
Caso de Regina Martínez: solución inverosímil
http://www.proceso.com.mx/?p=324325
José Carrasco Araizaga
3 de noviembre de 2012
Seis meses tardaron las autoridades de Veracruz para salir con lo mismo que dijeron desde el principio: que el crimen de la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martínez Pérez, fue por robo y tuvo tintes pasionales. El pasado 30 de octubre, justo cuando circulaba la edición 1878 de este semanario en el que se incluía un reportaje sobre la periodista, la procuraduría estatal presentó a uno de los presuntos autores del asesinato: Jorge Antonio Hernández Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años, y se apresuró a dictarle auto de formal prisión en un intento de dar por concluido el caso, aun cuando el detenido asegura que él nunca ha matado a nadie.
XALAPA, VER. (Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa no convenció a nadie. Su versión sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esta entidad, está lejos del esclarecimiento y empezó a caerse desde el momento en que dejó el expediente en manos de la justicia.
El “asesino confeso” presentado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) el 30 de octubre se desistió al día siguiente ante la juez penal que lleva el caso. Dijo que lo habían torturado y obligado a contar la relatoría de hechos difundida por el gobierno veracruzano. Sin embargo la noche del viernes 2 le fue decretado el auto de formal prisión.
Presionado por la falta de resultados desde que se cometió el crimen hace medio año, el gobierno de Duarte terminó por ratificar su versión inicial sobre un “crimen por robo” con tintes pasionales, como en varias ocasiones filtró a la prensa local.
La Procuraduría estatal no se complicó. Abrevió las investigaciones. Sólo siguió la línea del robo y se lo atribuyó a dos “malvivientes”: Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho.
El Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años para quien la dependencia busca prisión vitalicia, fue presentado como confeso del robo y el homicidio. Al Jarocho, a quien se identifica como supuesto novio de la periodista y principal autor material del asesinato, simplemente no lo encuentra.
En marzo último la PGJ lo detuvo por robo a transeúnte, pero salió bajo fianza, según reveló el jueves el diario Notiver, del puerto de Veracruz.
Según Duarte, hasta la Policía Internacional (Interpol) lo busca. No es así. De acuerdo con la propia Procuraduría estatal, el gobierno de Veracruz sólo pidió el apoyo de sus pares en el país, incluida la PGR.
En la investigación de la PGJ, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, mismo que realizaba en un ambiente adverso desde el gobierno de Fidel Herrera y que le costó incluso el despido del periódico local Política, donde la reportera trabajó durante años.
La Procuraduría tampoco investigó nada sobre posibles amenazas ni el robo que sufrió la periodista en su domicilio en diciembre pasado, como se lo hizo saber Proceso en declaración ministerial. Mucho menos sobre la eventual participación de la delincuencia organizada, a la que se le atribuye la muerte de varios periodistas en el estado.
A pesar de que en conversación con este semanario la propia directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, identificó al Jarocho como halcón, como se define a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada, en el expediente no hay ni la menor pesquisa de la eventual presencia de esos grupos delictivos.
El 9 de mayo pasado, 11 días después del asesinato de la reportera, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato de Regina Martínez estaban involucrados narcomenudistas.
Conjeturas
Sobre el desempeño periodístico de la corresponsal de Proceso, la PGJ sólo citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y de algunos hasta las impresiones de su arcada dental. La procuraduría interrogó a los periodistas sobre su relación y las costumbres de Regina Martínez, pero como ninguno mencionó alguna amenaza específica contra su colega, la dependencia desestimó esa línea de investigación.
Desde un inicio la Procuraduría estatal perfiló la explicación del robo como causa del crimen. El 7 de mayo, una semana después del asesinato, policías judiciales interrogaron a una persona que aseguró haber visto a tres sujetos cerca de la casa de Regina la noche del crimen, entre las 22 y las 23 horas.
Según los policías, el declarante –un consumidor habitual de alcohol en las periqueras de esa zona–, identificó al Silva, al Jarocho y a un tercero que refirió como el Paleta Payaso. Además dijo que una vecina le comentó a su suegra –también residente de esa calle– que la periodista salió a comprar cervezas la noche del viernes alrededor de las 10 de la noche.
Abundante en su información, según la Procuraduría, el testigo dijo que una persona con la que acostumbraba tomar, conocido como Pablito Ruiz decía ser novio de una periodista en esa calle, privada de Juan Rodríguez Clara, en el barrio conocido como El Dique, en el centro sur de esta capital.
Según la PGJ el testigo ratificó su versión ese mismo día ante el Ministerio Público encargado del asesinato de la reportera, pero ya sólo hizo referencia al Silva y al Jarocho, a quien describió como un drogadicto, de unos 28 años de edad y con tatuajes en el brazo izquierdo. Más aún, dijo que es un trabajador sexual. “Sé que no tiene un trabajo, pero anda en el parque Juárez con los maricones”. Ratificó también la supuesta relación de la periodista con Pablito Ruiz, pero en sus investigaciones la procuraduría no abundó en este señalamiento.
Al mes siguiente la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” (sic) de Regina: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un cambio de ánimo hacia el final de su vida.
Según el análisis de la víctima, su asesino y el entorno, la periodista pasó de ser –como lo era– una persona muy reservada, desconfiada y de carácter fuerte que hablaba con poca gente fuera del ámbito periodístico, a ser una persona “más alegre y entusiasta”.
En el dictamen, dirigido a la fiscalía encargada de la investigación el 27 de junio pasado, los servicios periciales de la PGJ concluyeron que ese “cambio habitual de ánimo” se debió a un agente externo, “como el inicio de una relación o el encuentro con una persona que significó algo importante para ella”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879, en circulación)
José Carrasco Araizaga
3 de noviembre de 2012
Seis meses tardaron las autoridades de Veracruz para salir con lo mismo que dijeron desde el principio: que el crimen de la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martínez Pérez, fue por robo y tuvo tintes pasionales. El pasado 30 de octubre, justo cuando circulaba la edición 1878 de este semanario en el que se incluía un reportaje sobre la periodista, la procuraduría estatal presentó a uno de los presuntos autores del asesinato: Jorge Antonio Hernández Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años, y se apresuró a dictarle auto de formal prisión en un intento de dar por concluido el caso, aun cuando el detenido asegura que él nunca ha matado a nadie.
XALAPA, VER. (Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa no convenció a nadie. Su versión sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esta entidad, está lejos del esclarecimiento y empezó a caerse desde el momento en que dejó el expediente en manos de la justicia.
El “asesino confeso” presentado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) el 30 de octubre se desistió al día siguiente ante la juez penal que lleva el caso. Dijo que lo habían torturado y obligado a contar la relatoría de hechos difundida por el gobierno veracruzano. Sin embargo la noche del viernes 2 le fue decretado el auto de formal prisión.
Presionado por la falta de resultados desde que se cometió el crimen hace medio año, el gobierno de Duarte terminó por ratificar su versión inicial sobre un “crimen por robo” con tintes pasionales, como en varias ocasiones filtró a la prensa local.
La Procuraduría estatal no se complicó. Abrevió las investigaciones. Sólo siguió la línea del robo y se lo atribuyó a dos “malvivientes”: Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho.
El Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años para quien la dependencia busca prisión vitalicia, fue presentado como confeso del robo y el homicidio. Al Jarocho, a quien se identifica como supuesto novio de la periodista y principal autor material del asesinato, simplemente no lo encuentra.
En marzo último la PGJ lo detuvo por robo a transeúnte, pero salió bajo fianza, según reveló el jueves el diario Notiver, del puerto de Veracruz.
Según Duarte, hasta la Policía Internacional (Interpol) lo busca. No es así. De acuerdo con la propia Procuraduría estatal, el gobierno de Veracruz sólo pidió el apoyo de sus pares en el país, incluida la PGR.
En la investigación de la PGJ, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, mismo que realizaba en un ambiente adverso desde el gobierno de Fidel Herrera y que le costó incluso el despido del periódico local Política, donde la reportera trabajó durante años.
La Procuraduría tampoco investigó nada sobre posibles amenazas ni el robo que sufrió la periodista en su domicilio en diciembre pasado, como se lo hizo saber Proceso en declaración ministerial. Mucho menos sobre la eventual participación de la delincuencia organizada, a la que se le atribuye la muerte de varios periodistas en el estado.
A pesar de que en conversación con este semanario la propia directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, identificó al Jarocho como halcón, como se define a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada, en el expediente no hay ni la menor pesquisa de la eventual presencia de esos grupos delictivos.
El 9 de mayo pasado, 11 días después del asesinato de la reportera, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato de Regina Martínez estaban involucrados narcomenudistas.
Conjeturas
Sobre el desempeño periodístico de la corresponsal de Proceso, la PGJ sólo citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y de algunos hasta las impresiones de su arcada dental. La procuraduría interrogó a los periodistas sobre su relación y las costumbres de Regina Martínez, pero como ninguno mencionó alguna amenaza específica contra su colega, la dependencia desestimó esa línea de investigación.
Desde un inicio la Procuraduría estatal perfiló la explicación del robo como causa del crimen. El 7 de mayo, una semana después del asesinato, policías judiciales interrogaron a una persona que aseguró haber visto a tres sujetos cerca de la casa de Regina la noche del crimen, entre las 22 y las 23 horas.
Según los policías, el declarante –un consumidor habitual de alcohol en las periqueras de esa zona–, identificó al Silva, al Jarocho y a un tercero que refirió como el Paleta Payaso. Además dijo que una vecina le comentó a su suegra –también residente de esa calle– que la periodista salió a comprar cervezas la noche del viernes alrededor de las 10 de la noche.
Abundante en su información, según la Procuraduría, el testigo dijo que una persona con la que acostumbraba tomar, conocido como Pablito Ruiz decía ser novio de una periodista en esa calle, privada de Juan Rodríguez Clara, en el barrio conocido como El Dique, en el centro sur de esta capital.
Según la PGJ el testigo ratificó su versión ese mismo día ante el Ministerio Público encargado del asesinato de la reportera, pero ya sólo hizo referencia al Silva y al Jarocho, a quien describió como un drogadicto, de unos 28 años de edad y con tatuajes en el brazo izquierdo. Más aún, dijo que es un trabajador sexual. “Sé que no tiene un trabajo, pero anda en el parque Juárez con los maricones”. Ratificó también la supuesta relación de la periodista con Pablito Ruiz, pero en sus investigaciones la procuraduría no abundó en este señalamiento.
Al mes siguiente la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” (sic) de Regina: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un cambio de ánimo hacia el final de su vida.
Según el análisis de la víctima, su asesino y el entorno, la periodista pasó de ser –como lo era– una persona muy reservada, desconfiada y de carácter fuerte que hablaba con poca gente fuera del ámbito periodístico, a ser una persona “más alegre y entusiasta”.
En el dictamen, dirigido a la fiscalía encargada de la investigación el 27 de junio pasado, los servicios periciales de la PGJ concluyeron que ese “cambio habitual de ánimo” se debió a un agente externo, “como el inicio de una relación o el encuentro con una persona que significó algo importante para ella”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879, en circulación)
sábado, 3 de noviembre de 2012
Article 19 manifiesta su escepticismo
México: ARTICLE 19 manifiesta su escepticismo ante el supuesto esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez
Ciudad de México, 31 de octubre, 2012. La Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio por esclarecido el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, cometido el 28 de abril pasado en la ciudad de Xalapa. El anuncio llega justo al cumplirse seis meses del crimen, tras un largo silencio oficial sobre el resultado de las investigaciones, los responsables materiales e intelectuales. Recientemente, el gobierno estatal ya había dado carpetazo a otros tres casos basado sólo en una supuesta confesión de personas que no habían sido sometidas a proceso.
Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista, ha asumido con “total escepticismo” las conclusiones de la Procuraduría de Veracruz, pues aunque eran coadyuvantes en el caso fueron ajenos a la investigación de la cual quedaron apartados totalmente, lo mismo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR.
La desconfianza en los resultados de la investigación ha sido alimentada por la filtración interesada a los medios de versiones sobre un “crimen pasional o de motivaciones personales”, en las que además se aseguraba que el asesino se encontraba entre el gremio periodístico de Veracruz, que había estado en el sepelio y después había desaparecido.
Al igual que en agosto pasado, ARTICLE 19 considera inadmisible la pretensión de dar por esclarecido el crimen sin un proceso de desahogo de pruebas y una sentencia condenatoria que garantice justicia y efectiva reparación del daño. Durante seis meses, el gobierno local no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación, sino que en sus conclusiones ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos, quienes fueron descritos peyorativamente por el procurador estatal como “malvivientes”.
Hoy Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer libremente la actividad periodística, la más opaca en la asignación de contratos de publicidad oficial, la más pródiga en amenazas veladas contra periodistas que tienen que optar por el exilio. Una vez más, exigimos a las autoridades de procuración de justicia en Veracruz apegarse al principio de debido proceso en su actuación, y respetar los derechos y la dignidad de la víctima sus familiares y a quien se ha presentado como presunto responsable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos permite precisar que el esclarecimiento de crímenes contra periodistas no termina con la presentación de los posibles autores; el Estado sólo habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo contra el delito cuando haya cumplido con su obligación general de investigar y sancionar. Tratándose de una comunicadora social, esta obligación del Estado es también para con el medio y la sociedad.
Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista, ha asumido con “total escepticismo” las conclusiones de la Procuraduría de Veracruz, pues aunque eran coadyuvantes en el caso fueron ajenos a la investigación de la cual quedaron apartados totalmente, lo mismo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR.
La desconfianza en los resultados de la investigación ha sido alimentada por la filtración interesada a los medios de versiones sobre un “crimen pasional o de motivaciones personales”, en las que además se aseguraba que el asesino se encontraba entre el gremio periodístico de Veracruz, que había estado en el sepelio y después había desaparecido.
Al igual que en agosto pasado, ARTICLE 19 considera inadmisible la pretensión de dar por esclarecido el crimen sin un proceso de desahogo de pruebas y una sentencia condenatoria que garantice justicia y efectiva reparación del daño. Durante seis meses, el gobierno local no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación, sino que en sus conclusiones ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos, quienes fueron descritos peyorativamente por el procurador estatal como “malvivientes”.
Hoy Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer libremente la actividad periodística, la más opaca en la asignación de contratos de publicidad oficial, la más pródiga en amenazas veladas contra periodistas que tienen que optar por el exilio. Una vez más, exigimos a las autoridades de procuración de justicia en Veracruz apegarse al principio de debido proceso en su actuación, y respetar los derechos y la dignidad de la víctima sus familiares y a quien se ha presentado como presunto responsable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos permite precisar que el esclarecimiento de crímenes contra periodistas no termina con la presentación de los posibles autores; el Estado sólo habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo contra el delito cuando haya cumplido con su obligación general de investigar y sancionar. Tratándose de una comunicadora social, esta obligación del Estado es también para con el medio y la sociedad.
Comisión Estatal debió dar la cara
http://plumaslibres.com.mx/2012/11/03/la-comision-especial-debio-dar-la-cara/
Por JAIME RÍOS OTERO
¿Por qué no permitieron las autoridades que el personal de la revista Proceso participara en el desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de Regina? Esa es la gran pregunta, cuya falta de respuesta va a traer la consecuencia de que, para la casa editora de la hoy extinta, la averiguación carezca de fundamentos y de veracidad. Y con esta versión del influyente semanario se van a quedar los otros medios, los del país y los del extranjero, porque para los del estado, el asunto ya está resuelto.
Parece una incongruencia, que, si ya habían logrado un acuerdo con los editores de Proceso para que su representante colaborara directamente o se empapara de las diligencias que se iban realizando, al final se le cerraran las puertas, según lo que denuncia el chaparrín director Rafael Rodríguez Castañeda.
No es descabellado que el crimen hubiera ocurrido como un simple acto de malvivientes. Cualquiera puede sufrir un ataque de ese tipo y más en la zona de El Dique, que aunque se ha “civilizado” y ya no es el barrio bravo de hace algunas décadas, tiene un alto grado de pobreza y ésta con frecuencia genera pandillerismo y raterías.
Hasta es posible que la estimadísima amiga en efecto hubiera tenido la costumbre peregrina de guardar sus ahorros debajo del colchón, por más que tal hábito está tan desacreditado como medida de seguridad, que difícilmente a alguien se le ocurriría emplearlo, como si estuviéramos en la época de la Revolución. Y menos a alguien inteligente y culto como era ella.
Vamos, todo es posible: la amistad con el sujeto prófugo, el que ella permitiera el acceso a ambos individuos, las exigencias de dinero que derivaron en el ataque que acabó con la vida de la periodista, la posterior sustracción de los valores y la venta de éstos…. Y también el “pitazo” de vecinos respecto a los merodeadores, que más tarde habrían de desaparecer de la zona.
Lo que me parece injustificable, desde una perspectiva de la transparencia que se pretendió lograr al crear una comisión especial, ordenada directamente por el gobernador, es que se haya omitido a los demás integrantes de ésta en el tema. En esa comisión especial participarían, según se anunció el día 29 de abril, además de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la revista Proceso, a través de su representante, Jorge Carrasco.
Inclusive, se habló de pedir la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso y mano derecha de don Julio Scherer, aseveró ayer que su representante fue excluido de la investigación.
Cuando se forma una comisión especial como ésta y dada la trascendencia e interés público del suceso, es obvio que quienes debieron dar la cara este martes para informar sobre la resolución del caso, fueron todos los que la integraron y por tanto tienen la responsabilidad –unos legal, otros moral- de avalar los resultados por haber trabajado de manera conjunta, colegiada.
¿Qué reacciones se pueden esperar ahora de la revista Proceso, de Reporteros sin Fronteras, de Artículo 19, del corporativo CNN, de los periodistas defeños que protestaron ante la sede del gobierno veracruzano, de los tuiteros, del Club Internacional de Escritores -de origen británico- y de aquellos compañeros que en esta misma ciudad se manifestaron por el esclarecimiento de la muerte de Regina?
Porque las repercusiones que generó el asesinato fueron de carácter mundial. Le Figaro y Le Monde, de Francia; Le Soir, de Bélgica; La República, de Italia; El País, de España; The Guardian, de Inglaterra; The Washington Post y la agencia norteamericana Associated Press, por ejemplo, dieron cuenta de las reacciones de indignación de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
Es obvio que el escepticismo va a ser la tónica sobre los resultados presentados y el efecto va a ser exactamente contrario al esperado.
Por JAIME RÍOS OTERO
¿Por qué no permitieron las autoridades que el personal de la revista Proceso participara en el desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de Regina? Esa es la gran pregunta, cuya falta de respuesta va a traer la consecuencia de que, para la casa editora de la hoy extinta, la averiguación carezca de fundamentos y de veracidad. Y con esta versión del influyente semanario se van a quedar los otros medios, los del país y los del extranjero, porque para los del estado, el asunto ya está resuelto.
Parece una incongruencia, que, si ya habían logrado un acuerdo con los editores de Proceso para que su representante colaborara directamente o se empapara de las diligencias que se iban realizando, al final se le cerraran las puertas, según lo que denuncia el chaparrín director Rafael Rodríguez Castañeda.
No es descabellado que el crimen hubiera ocurrido como un simple acto de malvivientes. Cualquiera puede sufrir un ataque de ese tipo y más en la zona de El Dique, que aunque se ha “civilizado” y ya no es el barrio bravo de hace algunas décadas, tiene un alto grado de pobreza y ésta con frecuencia genera pandillerismo y raterías.
Hasta es posible que la estimadísima amiga en efecto hubiera tenido la costumbre peregrina de guardar sus ahorros debajo del colchón, por más que tal hábito está tan desacreditado como medida de seguridad, que difícilmente a alguien se le ocurriría emplearlo, como si estuviéramos en la época de la Revolución. Y menos a alguien inteligente y culto como era ella.
Vamos, todo es posible: la amistad con el sujeto prófugo, el que ella permitiera el acceso a ambos individuos, las exigencias de dinero que derivaron en el ataque que acabó con la vida de la periodista, la posterior sustracción de los valores y la venta de éstos…. Y también el “pitazo” de vecinos respecto a los merodeadores, que más tarde habrían de desaparecer de la zona.
Lo que me parece injustificable, desde una perspectiva de la transparencia que se pretendió lograr al crear una comisión especial, ordenada directamente por el gobernador, es que se haya omitido a los demás integrantes de ésta en el tema. En esa comisión especial participarían, según se anunció el día 29 de abril, además de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la revista Proceso, a través de su representante, Jorge Carrasco.
Inclusive, se habló de pedir la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso y mano derecha de don Julio Scherer, aseveró ayer que su representante fue excluido de la investigación.
Cuando se forma una comisión especial como ésta y dada la trascendencia e interés público del suceso, es obvio que quienes debieron dar la cara este martes para informar sobre la resolución del caso, fueron todos los que la integraron y por tanto tienen la responsabilidad –unos legal, otros moral- de avalar los resultados por haber trabajado de manera conjunta, colegiada.
¿Qué reacciones se pueden esperar ahora de la revista Proceso, de Reporteros sin Fronteras, de Artículo 19, del corporativo CNN, de los periodistas defeños que protestaron ante la sede del gobierno veracruzano, de los tuiteros, del Club Internacional de Escritores -de origen británico- y de aquellos compañeros que en esta misma ciudad se manifestaron por el esclarecimiento de la muerte de Regina?
Porque las repercusiones que generó el asesinato fueron de carácter mundial. Le Figaro y Le Monde, de Francia; Le Soir, de Bélgica; La República, de Italia; El País, de España; The Guardian, de Inglaterra; The Washington Post y la agencia norteamericana Associated Press, por ejemplo, dieron cuenta de las reacciones de indignación de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
Es obvio que el escepticismo va a ser la tónica sobre los resultados presentados y el efecto va a ser exactamente contrario al esperado.
Condenan indiferencia y olvido por el caso de Regina Martínez el 28 de octubre
http://plumaslibres.com.mx/2012/10/28/condenan-indiferencia-y-olvido-por-asesinato-de-regina-martinez/
28 de octubre de 2012
A casi seis meses del asesinato de la periodista de Proceso, Regina Martínez Pérez, el comunicador retirado, Guillermo Manzano, cuestionó la falta de resultados de las autoridades para castigar al o los responsables, así como el olvido del gremio sobre este hecho.
En un artículo, Manzano -ex colaborador de Diario AZ y ex editor del diario gratuito Horas Extra, actualmente fuera de circulación- hace un repaso crítico, en forma de carta dirigida a la periodista, sobre lo que ha ocurrido tras este acontecimiento cubierto de impunidad:
“En vísperas de la visita de los difuntos sé que andarás por estos lares. Podrás constatar como aquellas y aquellos que lloraron por tu muerte te han olvidado. Algunos, incluso, disfrutan de viajes al extranjero a cargo del erario. Pero bueno, dirás que es normal en un gobierno y un gremio que se sustenta de la corrupción. De nuevo tienes razón…”.
“Quizá ahora que vengas extrañarás a compañeros y amigos tuyos. Ya no están. Se fueron de Veracruz y del país. Huyeron. Tenían miedo de morir. De ser asesinados. Tuvieron miedo de quienes viven de nuestros impuestos. Por eso se fueron. Porque no creen en el discurso oficial, ni en comisiones de protección a periodistas, ni en fiscalias especiales, ni en comisiones de derechos humanos, ni en nada que tenga tufo oficial. Porque para no creer basta ver la uniformidad informativa que ‘trabajan’ los dueños y prestanombres de medios de comunicación. Normal, dirías tú, en un gobierno y un gremio que se revuelca en el copro social”.
Asimismo, añadió que tras la muerte de Martínez nada ha cambiado en Veracruz:
“Siguen las intimidaciones. Sigue la ineptitud oficial. Sigue la soberbia institucional (soberbia que trata de ocultar carencias, complejos y traumas). Sigue la simulación. Sigue el premio y castigo con dinero. Siguen ‘orejeando’ los palurdos convertidos en ‘jefes’. En fin, sigue la misma mierda que denunciaste, exhibiste y documentaste. Pero también sigue la esperanza. Esa aún no muere”.
“Finalmente, hace seis meses te mataron. Hoy lo sé: tus asesinos gozan de cabal salud…”, expuso Manzano.
28 de octubre de 2012
A casi seis meses del asesinato de la periodista de Proceso, Regina Martínez Pérez, el comunicador retirado, Guillermo Manzano, cuestionó la falta de resultados de las autoridades para castigar al o los responsables, así como el olvido del gremio sobre este hecho.
En un artículo, Manzano -ex colaborador de Diario AZ y ex editor del diario gratuito Horas Extra, actualmente fuera de circulación- hace un repaso crítico, en forma de carta dirigida a la periodista, sobre lo que ha ocurrido tras este acontecimiento cubierto de impunidad:
“En vísperas de la visita de los difuntos sé que andarás por estos lares. Podrás constatar como aquellas y aquellos que lloraron por tu muerte te han olvidado. Algunos, incluso, disfrutan de viajes al extranjero a cargo del erario. Pero bueno, dirás que es normal en un gobierno y un gremio que se sustenta de la corrupción. De nuevo tienes razón…”.
“Quizá ahora que vengas extrañarás a compañeros y amigos tuyos. Ya no están. Se fueron de Veracruz y del país. Huyeron. Tenían miedo de morir. De ser asesinados. Tuvieron miedo de quienes viven de nuestros impuestos. Por eso se fueron. Porque no creen en el discurso oficial, ni en comisiones de protección a periodistas, ni en fiscalias especiales, ni en comisiones de derechos humanos, ni en nada que tenga tufo oficial. Porque para no creer basta ver la uniformidad informativa que ‘trabajan’ los dueños y prestanombres de medios de comunicación. Normal, dirías tú, en un gobierno y un gremio que se revuelca en el copro social”.
Asimismo, añadió que tras la muerte de Martínez nada ha cambiado en Veracruz:
“Siguen las intimidaciones. Sigue la ineptitud oficial. Sigue la soberbia institucional (soberbia que trata de ocultar carencias, complejos y traumas). Sigue la simulación. Sigue el premio y castigo con dinero. Siguen ‘orejeando’ los palurdos convertidos en ‘jefes’. En fin, sigue la misma mierda que denunciaste, exhibiste y documentaste. Pero también sigue la esperanza. Esa aún no muere”.
“Finalmente, hace seis meses te mataron. Hoy lo sé: tus asesinos gozan de cabal salud…”, expuso Manzano.
Denunció Proceso nulo avance en el caso Regina el 28 de octubre
http://plumaslibres.com.mx/2012/10/28/denuncia-proceso-nulo-avance-en-caso-regina/
28 de octubre de 2012.
En su edición de este domingo, la revista Proceso denunció el nulo avance del gobierno de Veracruz en las investigaciones sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez.
“Ni una línea de investigación sólida. Sólo rumores, improvisaciones y acoso hacia los periodistas cercanos a la reportera asesinada la noche del 28 de abril en su domicilio, en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, cerca del centro de Xalapa”, expuso el reportero Jorge Carrasco Araizaga.
A decir de Proceso, incluso el gobierno de Veracruz ha evitado transferir la investigación al gobierno federal.
“A pesar de la falta de resultados, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se resiste a declinar su competencia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y más aún a compartir información clave con esa fiscalía de la PGR que a petición del propio Duarte es coadyuvante en la investigación”.
En tanto que la investigación prácticamente ha naufragado en el olvido, pues el fiscal responsable, Marco Antonio Rodríguez Lobato, quien llevó el caso, el 9 de agosto pasado “regresó a su puesto de ministerio público auxiliar del procurador”.
“Desde entonces, ningún ministerio público o fiscal ha sido asignado al caso. El expediente pasó al escritorio de la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez”.
Pero “ni ella ni el procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza atendieron la solicitud de Proceso para entregar un reporte de las investigaciones, a pesar de que la revista también es coadyuvante”.
Acoso a periodistas
De acuerdo con Proceso, en Veracruz hay una vigilancia permanente y hostigamiento a los periodistas veracruzanos. Por ejemplo, atribuye al gobierno el despido de la periodista Mari José Gamboa, del noticiero estelar de Meganoticias, en el puerto de Veracruz.
“Su salida fulminante ocurrió luego de mostrar al aire la portada de la revista Proceso, que en su edición 1821 publicó la imagen de los 35 cuerpos arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla, frente a Plaza Américas. La portada correspondía al texto escrito en coautoría por Regina Martínez. ‘Esto, estimado televidente, es lo que el gobierno de Veracruz no quiere que veas’, dijo ante el secuestro de esa edición de la revista. Fueron sus últimas palabras a cuadro”, describió.
Finalmente, Proceso acusó de una simulación del gobierno de Veracruz.Primero con el anuncio de la creación de la futura Comisión de Atención y Protección a Periodistas, en un evento del 7 de junio en el que rifó autos a reporteros.
“Recibida con escepticismo en el gremio, la comisión está integrada por dueños de medios de comunicación, académicos y periodistas. Como su secretaria técnica, encargada de su operación, quedó la académica Namiko Matsumoto Benítez, a quien Duarte quiso poner anteriormente al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
En segunda instancia, con la reciente celebración del Hay Festival en Xalapa, de la cual se deslindó el PEN Club de México –participante en el festival-, mediante un comunicado en el que expuso: “El PEN Club de México no aceptó participar en Xalapa porque el gobierno de Veracruz, que respaldó económica y logísticamente el encuentro literario, no ha resuelto los casos de asesinato y desaparición de periodistas veracruzanos ocurridos en la entidad y la voluntad de no hacerlo es evidente
28 de octubre de 2012.
En su edición de este domingo, la revista Proceso denunció el nulo avance del gobierno de Veracruz en las investigaciones sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez.
“Ni una línea de investigación sólida. Sólo rumores, improvisaciones y acoso hacia los periodistas cercanos a la reportera asesinada la noche del 28 de abril en su domicilio, en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, cerca del centro de Xalapa”, expuso el reportero Jorge Carrasco Araizaga.
A decir de Proceso, incluso el gobierno de Veracruz ha evitado transferir la investigación al gobierno federal.
“A pesar de la falta de resultados, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se resiste a declinar su competencia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y más aún a compartir información clave con esa fiscalía de la PGR que a petición del propio Duarte es coadyuvante en la investigación”.
En tanto que la investigación prácticamente ha naufragado en el olvido, pues el fiscal responsable, Marco Antonio Rodríguez Lobato, quien llevó el caso, el 9 de agosto pasado “regresó a su puesto de ministerio público auxiliar del procurador”.
“Desde entonces, ningún ministerio público o fiscal ha sido asignado al caso. El expediente pasó al escritorio de la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez”.
Pero “ni ella ni el procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza atendieron la solicitud de Proceso para entregar un reporte de las investigaciones, a pesar de que la revista también es coadyuvante”.
Acoso a periodistas
De acuerdo con Proceso, en Veracruz hay una vigilancia permanente y hostigamiento a los periodistas veracruzanos. Por ejemplo, atribuye al gobierno el despido de la periodista Mari José Gamboa, del noticiero estelar de Meganoticias, en el puerto de Veracruz.
“Su salida fulminante ocurrió luego de mostrar al aire la portada de la revista Proceso, que en su edición 1821 publicó la imagen de los 35 cuerpos arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla, frente a Plaza Américas. La portada correspondía al texto escrito en coautoría por Regina Martínez. ‘Esto, estimado televidente, es lo que el gobierno de Veracruz no quiere que veas’, dijo ante el secuestro de esa edición de la revista. Fueron sus últimas palabras a cuadro”, describió.
Finalmente, Proceso acusó de una simulación del gobierno de Veracruz.Primero con el anuncio de la creación de la futura Comisión de Atención y Protección a Periodistas, en un evento del 7 de junio en el que rifó autos a reporteros.
“Recibida con escepticismo en el gremio, la comisión está integrada por dueños de medios de comunicación, académicos y periodistas. Como su secretaria técnica, encargada de su operación, quedó la académica Namiko Matsumoto Benítez, a quien Duarte quiso poner anteriormente al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
En segunda instancia, con la reciente celebración del Hay Festival en Xalapa, de la cual se deslindó el PEN Club de México –participante en el festival-, mediante un comunicado en el que expuso: “El PEN Club de México no aceptó participar en Xalapa porque el gobierno de Veracruz, que respaldó económica y logísticamente el encuentro literario, no ha resuelto los casos de asesinato y desaparición de periodistas veracruzanos ocurridos en la entidad y la voluntad de no hacerlo es evidente
Historias que no cuadran. El caso de Regina Martínez
http://plumaslibres.com.mx/articulo/historias-que-no-cuadran-zona-franca/
Plumas Libres.com
2 de noviembre de 2012
Roberto Morales.
Ni el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, ni el regalito de una mansión —en los Estados Unidos— del suegro del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el empresario Jesús Antonio Macías Yazegey, a su hija Karime, la primera dama de Veracruz, son historias creíbles, más bien parecen burdas invenciones u obvias maniobras.
Acoto que el hecho de que sean absurdas, tampoco significa que pudieran ser verídicas. No obstante, por el derecho a saber de la sociedad, ambas deben de ser esclarecidas totalmente.
Regina Martínez era una periodista de excepción, corresponsal de la revista Proceso, insobornable, sencilla, humilde, reservada, contundente en su crítica, acuciosa y documentada; una profesional. Denunciaba el abuso de poder, la corrupción, las triquiñuelas del gobierno y, entre otros muchos de sus reportajes, el asedio del régimen duartista al gremio de los periodistas, o mejor dicho, al gremio de los periodistas críticos.
Murió asesinada el sábado 28 de abril pasado. Fue estrangulada. Su cuerpo presentaba diversos golpes, mordidas; sus pertenencias fueron removidas y desaparecieron algunos implementos con los que realizaba su trabajo periodístico.
Desde entonces, presionado por la opinión pública, en la mira de Proceso y de la prensa crítica veracruzana, medios nacionales e internacionales, el gobierno de Javier Duarte ha dado palos de ciego para cuadrar un esclarecimiento que llega tarde y que nadie cree.
En ese dilema, fue el difusor de rumores y versiones insólitas, increíbles y absurdas. Pretendió atribuirle un móvil pasional al crimen, filtrando que Regina era lesbiana y que su muerte se debió a un conflicto con alguna compañera amorosa; que el asesino era un colega periodista, lo que desató una virtual cacería contra casi 20 comunicadores, a quienes se les interrogó de manera hostil y hasta debieron dejar la huella de su dentadura en los enseres del forense para comparar con la mordedura que presentaba Regina en el cuello; que fue víctima de un vecino drogadicto del que ya se tenía el retrato hablado y huellas y que de un momento a otro caía porque ya lo andaban cazando.
En el caso de Regina, dice la historia oficial, la coartada del procurador, el móvil del crimen fue el robo. Y que los atacantes fueron “conocidos” suyos, a quienes les abrió las puertas de su hogar, con los que convivió y que tras una acre discusión, la mataron sólo por robarle, nada más por eso, por robarle.
Uno de los asesinos, según el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, es José Antonio Hernández Silva, alias El Silva. Dice que está confeso de los hechos e implica a su cuñado, José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, de ser su cómplice. Éste último está prófugo.
La historia es inverosímil. Tiene todos los matices de una patraña armada al fregadazo, obligado el gobierno veracruzano por la presión de la revista Proceso que a seis meses del crimen destacó en un reportaje su evidente ineficacia, sumada a una andanada feroz por andar a los tumbos con el caso Regina.
Lo peor que se le pudo ocurrir al gobierno de Javier Duarte fue salir con el móvil del robo y con que los asesinos eran conocidos de la corresponsal de Proceso.
Los periodistas tenemos como conocidos a muchos delincuentes por la propia naturaleza de nuestro oficio; sin embargo, ello dista de que se sostenga una amistad con los protagonistas de nuestros escritos. Son conocidos pero no amigos.
En mi caso, tengo de conocidos a alcaldes, diputados y gobernadores, que no solamente son ladrones sino hasta asesinos y narcotraficantes, cobijados en el manto de impunidad que les da el poder. Y advierto, por si alguien quisiera pedirme cuentas de mis conocidos, como lo hizo el revolucionario Luis Cabrera en la tribuna del Congreso: “Los acuso de ladrones, no de pendejos”.
La solución al caso Regina es una patraña que raya en la fantasía. La ha rechazado Proceso, en voz de su director, Rafael Rodríguez Castañeda, quien acusa que la Procuraduría de Veracruz se fue sola con la investigación, sin cumplir con el acuerdo de coadyuvancia, es decir, compartir información con la Procuraduría General de la República y con la misma revista, ignorando a ambas y saliendo al final con su batea de babas.
La PGR revela no conocer el expediente de manera oficial y por lo tanto, no valida el móvil del robo hasta saber los detalles de la investigación. La organización Artículo 19 cuestiona la veracidad de la investigación y destaca que el gobierno de Javier Duarte “no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación” sino que “ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos”.
A todo ello se agrega la versión del periódico Notiver que documenta que al asesino prófugo de Regina Martínez, José Adrián Hernández Domínguez, la Procuraduría de Veracruz lo detuvo en junio por el robo de un celular; lo sometieron a interrogatorios y le tomaron huellas. Sospechaban que tuviera participación en el crimen. El entonces titular de la Agencia Veracruzana de Investigación, Enoc Maldonado, lo cuestionó y lo dejó ir porque el rufián es amigo de un sobrino del procurador Flores Espinosa. Así de gruesa es la impunidad. Ahora lo buscan hasta debajo de las piedras.
Dicho en una palabra, el gobierno de Javier Duarte terminó de hacerse bolas en un caso que le quema las manos y al que rehúye investigar por la vertiente más espinosa: la labor periodística de Regina Martínez, sus señalamientos hacia el mandatario estatal y a su gabinete y, concretamente, el asedio a la prensa crítica, en un ambiente que la corresponsal de Proceso describió de miedo
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2 de noviembre de 2012
Roberto Morales.
Ni el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, ni el regalito de una mansión —en los Estados Unidos— del suegro del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el empresario Jesús Antonio Macías Yazegey, a su hija Karime, la primera dama de Veracruz, son historias creíbles, más bien parecen burdas invenciones u obvias maniobras.
Acoto que el hecho de que sean absurdas, tampoco significa que pudieran ser verídicas. No obstante, por el derecho a saber de la sociedad, ambas deben de ser esclarecidas totalmente.
Regina Martínez era una periodista de excepción, corresponsal de la revista Proceso, insobornable, sencilla, humilde, reservada, contundente en su crítica, acuciosa y documentada; una profesional. Denunciaba el abuso de poder, la corrupción, las triquiñuelas del gobierno y, entre otros muchos de sus reportajes, el asedio del régimen duartista al gremio de los periodistas, o mejor dicho, al gremio de los periodistas críticos.
Murió asesinada el sábado 28 de abril pasado. Fue estrangulada. Su cuerpo presentaba diversos golpes, mordidas; sus pertenencias fueron removidas y desaparecieron algunos implementos con los que realizaba su trabajo periodístico.
Desde entonces, presionado por la opinión pública, en la mira de Proceso y de la prensa crítica veracruzana, medios nacionales e internacionales, el gobierno de Javier Duarte ha dado palos de ciego para cuadrar un esclarecimiento que llega tarde y que nadie cree.
En ese dilema, fue el difusor de rumores y versiones insólitas, increíbles y absurdas. Pretendió atribuirle un móvil pasional al crimen, filtrando que Regina era lesbiana y que su muerte se debió a un conflicto con alguna compañera amorosa; que el asesino era un colega periodista, lo que desató una virtual cacería contra casi 20 comunicadores, a quienes se les interrogó de manera hostil y hasta debieron dejar la huella de su dentadura en los enseres del forense para comparar con la mordedura que presentaba Regina en el cuello; que fue víctima de un vecino drogadicto del que ya se tenía el retrato hablado y huellas y que de un momento a otro caía porque ya lo andaban cazando.
En el caso de Regina, dice la historia oficial, la coartada del procurador, el móvil del crimen fue el robo. Y que los atacantes fueron “conocidos” suyos, a quienes les abrió las puertas de su hogar, con los que convivió y que tras una acre discusión, la mataron sólo por robarle, nada más por eso, por robarle.
Uno de los asesinos, según el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, es José Antonio Hernández Silva, alias El Silva. Dice que está confeso de los hechos e implica a su cuñado, José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, de ser su cómplice. Éste último está prófugo.
La historia es inverosímil. Tiene todos los matices de una patraña armada al fregadazo, obligado el gobierno veracruzano por la presión de la revista Proceso que a seis meses del crimen destacó en un reportaje su evidente ineficacia, sumada a una andanada feroz por andar a los tumbos con el caso Regina.
Lo peor que se le pudo ocurrir al gobierno de Javier Duarte fue salir con el móvil del robo y con que los asesinos eran conocidos de la corresponsal de Proceso.
Los periodistas tenemos como conocidos a muchos delincuentes por la propia naturaleza de nuestro oficio; sin embargo, ello dista de que se sostenga una amistad con los protagonistas de nuestros escritos. Son conocidos pero no amigos.
En mi caso, tengo de conocidos a alcaldes, diputados y gobernadores, que no solamente son ladrones sino hasta asesinos y narcotraficantes, cobijados en el manto de impunidad que les da el poder. Y advierto, por si alguien quisiera pedirme cuentas de mis conocidos, como lo hizo el revolucionario Luis Cabrera en la tribuna del Congreso: “Los acuso de ladrones, no de pendejos”.
La solución al caso Regina es una patraña que raya en la fantasía. La ha rechazado Proceso, en voz de su director, Rafael Rodríguez Castañeda, quien acusa que la Procuraduría de Veracruz se fue sola con la investigación, sin cumplir con el acuerdo de coadyuvancia, es decir, compartir información con la Procuraduría General de la República y con la misma revista, ignorando a ambas y saliendo al final con su batea de babas.
La PGR revela no conocer el expediente de manera oficial y por lo tanto, no valida el móvil del robo hasta saber los detalles de la investigación. La organización Artículo 19 cuestiona la veracidad de la investigación y destaca que el gobierno de Javier Duarte “no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación” sino que “ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos”.
A todo ello se agrega la versión del periódico Notiver que documenta que al asesino prófugo de Regina Martínez, José Adrián Hernández Domínguez, la Procuraduría de Veracruz lo detuvo en junio por el robo de un celular; lo sometieron a interrogatorios y le tomaron huellas. Sospechaban que tuviera participación en el crimen. El entonces titular de la Agencia Veracruzana de Investigación, Enoc Maldonado, lo cuestionó y lo dejó ir porque el rufián es amigo de un sobrino del procurador Flores Espinosa. Así de gruesa es la impunidad. Ahora lo buscan hasta debajo de las piedras.
Dicho en una palabra, el gobierno de Javier Duarte terminó de hacerse bolas en un caso que le quema las manos y al que rehúye investigar por la vertiente más espinosa: la labor periodística de Regina Martínez, sus señalamientos hacia el mandatario estatal y a su gabinete y, concretamente, el asedio a la prensa crítica, en un ambiente que la corresponsal de Proceso describió de miedo
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