La crisis de seguridad y justicia en Veracruz |
 |
7 Jun. 2012
Periódico Reforma
Alberto J.
OlveraVeracruz sigue en los titulares de los medios nacionales por hechos de violencia, mientras el gobierno estatal no acierta a definir una política integral para lidiar con la crisis de seguridad. Apenas el sábado 26 de mayo fue asesinado en Xalapa el Dr. José Luis Blanco Rosas, profesor de la Universidad Veracruzana, muy estimado en los círculos universitarios por su profesionalismo y su compromiso con causas sociales. La comunidad universitaria estaba ya consternada por el secuestro, hace dos meses, de un hijo de un investigador (quien apareció milagrosamente después de dos días de movilizaciones), y del asesinato, un año atrás, del Mtro. José Luis Aguilar Martínez, de la región Veracruz, caso que, como tantos otros, permanece en la impunidad. Además, un amplio sector de la ciudadanía ha percibido como una afrenta el asesinato, hace más de un mes, de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso, además de los de otros periodistas locales, casos todos de los que tampoco se sabe nada, por no mencionar los cientos de asesinatos que han sucedido en toda la entidad desde mediados de 2011.
El lunes 4 de junio, en una inusual conferencia de prensa, el propio gobernador anunció la detención de los asesinos del Dr. Blanco, un grupo de jóvenes, al parecer guiados por un sobrino del finado profesor. El anuncio, que quería subrayar que el gobierno resuelve los crímenes, resulta desproporcionado, pues la propia familia del profesor había señalado como sospechoso al joven, quien además se rodeó de novatos que cometieron errores elementales en su criminal felonía. No se puede festinar como un triunfo de la ley la resolución de un caso de baja dificultad, mientras siguen en la impunidad cientos de casos más.
La última semana de mayo se vivió en Xalapa un clima de zozobra debido, por un lado, a la instalación de operativos de revisión de vehículos y personas en las entradas y salidas de la ciudad, lo cual causó enormes problemas en la vida cotidiana de miles de personas. Por otra parte, en esos mismos días se suscitaron enfrentamientos entre las fuerzas armadas y miembros de la delincuencia organizada que dejaron, entre otros saldos, 12 muertos en un enfrentamiento en el cercano pueblo de Palo Gacho, y otros asesinatos más en días subsiguientes, algunos reportados en los medios de comunicación, y otros no. Una semana antes fueron detenidos en Coatepec 20 jóvenes, sin que hasta el momento se sepa el estado que guardan sus procesos legales. Se aprecia la decisión política del gobierno estatal de combatir frontalmente a la delincuencia organizada, pero esto debe hacerse proporcionando la información necesaria y la certeza de que esta lucha se libra dentro de los parámetros de la ley.
La falta de autonomía y de credibilidad de los medios de comunicación, y la generalizada convicción de que hay una impunidad casi total de los delincuentes, crean un clima de desconfianza ciudadana en la autoridad. El anuncio, el lunes 28 de mayo, de que por orden del gobernador todos los funcionarios de alto nivel del Gobierno del Estado se someterán a pruebas antidoping, no parece ser la mejor forma de recuperar la confianza de la ciudadanía, pues lo que se requiere es que se resuelvan los múltiples casos pendientes de secuestro y de asesinato, que tanto impactan a la población.
Sorprende que en medio de la crisis de seguridad, el gobierno no proponga medidas que atiendan el problema principal, que es la ineficacia de las instituciones de seguridad y justicia. Si bien se está invirtiendo mucho en la creación de una policía acreditable, lo cual es urgente, se olvida la procuración de justicia, que sigue padeciendo, como siempre, una escasez de recursos humanos, técnicos y operativos. Considérese que la procuraduría de Veracruz tiene un número de agentes del ministerio público, policías ministeriales y técnicos periciales nueve veces menor (por habitante) que el Distrito Federal y tres veces menor que Jalisco.
Tampoco hay propuestas concretas para acelerar la implementación de la reforma penal en Veracruz, siendo que la entidad es una de las tres más atrasadas del país en esta materia crucial para la modernización de la justicia. Poco se ha avanzado en la capacitación de los operadores del sistema y no se han concluido las reformas legales imprescindibles.
Es necesario dar pasos concretos en la reconstrucción de las relaciones de confianza entre ciudadanía y gobierno. Para empezar, debe cambiar la política de comunicación que administra la información de los hechos violentos, y que por su propia escasez y parcialidad genera desconfianza; es necesario darle seguimiento a los hechos delictivos y a los procesos legales. Es urgente resolver los múltiples casos que continúan impunes, y proponer medidas de reforma y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Nada de esto se está haciendo, y la brecha entre ciudadanía y gobierno se sigue ampliando
No hay comentarios:
Publicar un comentario