Proceso. P.30-31
edición impresa
ALBERTO
J. OLVERA
Revista Proceso
Revista Proceso
Edición impresa p.24-25
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) anunció el pasado
30 de octubre el esclarecimiento del asesinato, hace seis meses, de la
reconocida periodista Regina Martínez. La noticia da lugar a muchas dudas,
derivadas tanto de la fragilidad del caso presentado como de la experiencia
acumulada por la ciudadanía veracruzana en otros, cuando no se sustentó
debidamente la supuesta aclaración de los crímenes.
Recordemos
que el asesinato de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, fue por asfixia y
golpes, lo que desde el principio planteó dudas sobre las causas del homicidio.
Los primeros informes de la PGJ trataban de inducir la idea de un robo como
posible móvil, pero no se ofrecieron pruebas concluyentes ni se explicó con
claridad cuáles habían sido los objetos sustraídos. Lógicamente hubo una
actitud de reserva y descreimiento por parte de la indignada opinión pública
(jalapeña, nacional e internacional) y de la revista Proceso, para la cual
trabajaba la periodista.
Seis
meses después, la PGJ anunció la captura de uno de los asesinos de Regina, al
parecer como respuesta a la presión de la propia revista, que en su número
pasado (1878) denunció la falta de avance en las investigaciones. La acusación
oficial se funda solamente en la propia confesión del inculpado.
Si bien la PGJ ofrece
estadísticas impresionantes acerca del trabajo de investigación realizado en
este caso y ofrece pruebas circunstanciales que podrían inculpar a las personas
señaladas (otros dos testimonios de personas que vieron los objetos
supuestamente robados), hay una omisión muy grave: En ningún momento la
dependencia estatal ha dicho que las huellas digitales encontradas en la casa
de Regina corresponden con las del sujeto detenido o las del prófugo.
Las huellas dactilares de ambos deberían estar en
posesión de la procuraduría, puesto que tienen antecedentes penales. Y dado que
se trata de delincuentes callejeros, sin antecedentes de homicidio, no se puede
alegar que hayan tenido la capacidad para borrar sus huellas. Por tanto, las
autoridades deberían haber conocido la identidad de los delincuentes desde el
principio de la investigación.
Esta elemental
omisión nos muestra un patrón similar al de casos anteriores. El 15 de agosto
pasado, el procurador anunció la “resolución” de los crímenes contra cuatro
reporteros en el puerto de Veracruz, cometidos días después del asesinato de
Regina. Se culpó a supuestos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación,
atrapados unos días antes por elementos de la Marina, quienes según la PGJ
confesaron 36 crímenes, entre ellos los de estos reporteros. Se dijo que los
sicarios informaron, además, que los habían ejecutado porque ellos habían
“puesto el dedo” a otros periodistas que fueron asesinados por Los Zetas el año
anterior.
La PGJ daba por
resueltos estos asesinatos con las meras confesiones de los sicarios, sin otra
prueba adicional que la posesión de algunos objetos de una de las víctimas por
uno de los delincuentes inculpados. El Comité Internacional para la Protección
de Periodistas, Artículo 19 y diversas organizaciones civiles hicieron notar la
ausencia de pruebas contundentes en los dichos oficiales.
La
PGJ deberá convencer al pueblo de México, y especialmente al gremio
periodístico, de que la investigación está sustentada en pruebas científicas.
Es evidente que la autoinculpación de una persona no es suficiente para
considerar resuelto un crimen, pues se sabe muy bien cómo se extraen estas
“confesiones” en México.
El caso es débil, pues los inculpados son
delincuentes callejeros menores a quienes se había detenido solamente por
asalto y lesiones. Estas personas no tenían que amordazar, golpear con saña y
ahorcar a la periodista simplemente para cometer un robo, y menos aun cuando
dejaron computadoras y otros objetos de valor en la casa de la víctima.
En Veracruz no
sólo han sido asesinados nueve periodistas en los dos años pasados, sino que
más de 20 se han exiliado. Es muy urgente que estos crímenes y las amenazas
sean resueltos de una manera transparente y profesional, de frente a la
sociedad, puesto que el estado se ha convertido en el más peligroso para el
ejercicio periodístico en México.
Para salir de
esta gravísima circunstancia se requiere reconstruir una relación de confianza
entre los ciudadanos y las instituciones de justicia. El hecho de que la PGJ
haya hecho este anuncio sin previo aviso a los elementos coadyuvantes de esta
investigación –la revista Proceso y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos– no ayuda en este camino.
Falta mucho por
andar en materia de justicia en Veracruz, uno de los estados más atrasados en
la aplicación de la reforma penal y con mayores carencias en sus instituciones
de justicia. Los asesinatos de periodistas deben colocarse en el contexto de
muchos otros crímenes no resueltos, al menos 458 personas desaparecidas en la
entidad (de acuerdo con registros federales) y los secuestros de inmigrantes
centroamericanos, entre otros hechos de la coyuntura actual, que ciertamente no
es privativa de Veracruz, sino de la nación.
Urge
impulsar una reforma profunda de las instituciones de justicia de Veracruz, de
cara a la sociedad y junto con ella.
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